Estudio revela el horror de los Zetas en una prisión

Oficialmente era una cárcel, pero en su interior ocultaba otra realidad: un centro de operaciones del cartel de Los Zetas que lo mismo usaban para modificar vehículos y confeccionar uniformes que para encerrar a secuestrados y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas. 

La prisión estatal de Piedras Negras, en el estado norteño de Coahuila y a solo seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los carteles más sanguinarios del país sin que las autoridades penitenciarias hicieran algo para impedirlo, según un reporte divulgado el martes y basado en documentos oficiales, testimonios y datos públicos. 

Elaborado por El Colegio de México, una universidad pública, el informe “El Yugo Zeta” ofrece un acercamiento a un caso que hasta ahora solo se conocía de manera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras como punto “clave en el esquema de negocios y terror” de Los Zetas. 

Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de la fiscalía estatal de 1,535 folios con un centenar de declaraciones que describen una surrealista vida criminal dentro de la prisión mexicana. 

Junto al área donde se desintegraban los cuerpos de las víctimas se levantaba una de las torres de vigilancia del penal, el cual era controlado por Los Zetas mediante amenazas y castigos. 

Varios presos al servicio de Los Zetas tenían armas, según el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún guardia portaba alguna. Había miembros del cartel que llegaban de fuera con rifles. 

La venta de droga y las extorsiones a los internos financiaban la compra de voluntades. El informe calcula que el cártel reunía el equivalente a unos $ 75,000 al año. Los sobornos eran simbólicos, desde los $50 al mes para un guardia raso a los 500 del director del penal, e iban acompañados de intimidaciones. 

Además de un lugar de “exterminio” –en palabras de los autores-, la prisión era también refugio de líderes para evitar su detención o lugar de fiestas, en las que a veces no faltaron vacas que mataban allí mismo para alimentar a los asistentes. 

Las torturas se hacían en la zona de máxima seguridad y los talleres de reinserción eran un negocio Zeta. “Vaya paradoja”, comentó Dayán durante la presentación del documento. 

El jefe Zeta de la cárcel, un ex policía municipal preso ahí y cuya identidad no se menciona en el documento, lo mismo salía del penal a tomar un café custodiado por guardias, que se liaba a disparos “por pura diversión” o seleccionaba a esposas de los internos para mantener relaciones sexuales. Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 personas realizaban las tareas de confección de uniformes, modificación de vehículos, carpintería, según el reporte. 

La tarea más delicada–y también la mejor pagada, a $300 por noche- era la de los 20 “cocineros”, los encargados de disolver los cadáveres. Según los testimonios, algunas víctimas llegaban vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmembradas antes de quemarlas con diésel en tanques de 200 litros. 

“Cuando se cocinaba a las personas éstas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… (luego) se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco”, declaró el jefe Zeta en diciembre de 2014. 

Los guardias que debían estar en las torres eran llevados a otros lugares y los internos eran encerrados en sus respectivos módulos. Según la descripción, vehículos con los condenados bordeaban el perímetro de seguridad hasta detrás de los talleres. Lo único que no podía controlarse era el humo y el olor que se extendían por toda la cárcel. 

Cuando terminaban el trabajo, los restos eran esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos un río o un campo de fútbol. 

El informe contó con el apoyo del gobierno estatal, el órgano federal de atención a víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de colectivos de víctimas. Los investigadores dicen que la fiscalía federal y la cancillería no entregaron información. 

Testimonios en juicios contra miembros de los Zetas en Estados Unidos entre 2013 y 2016 – compendiados en un reciente informe de la Universidad de Texas- apuntan a que hubo en torno a 150 calcinados en la cárcel. Otros creen que más pero “el número de muertos sigue siendo un misterio”, dijo Dayán. 

Por ello, los académicos piden profundizar en las investigaciones y procesar a los responsables. “La ausencia sigue siendo la verdad y la justicia”, añadió el académico. 

“Qué supo quién, cuándo y qué hizo” es lo está pendiente, indicó su colega, Sergio Aguayo. 

Los investigadores aseguran que miembros del gobierno estatal y federal sabían lo que ocurría en el penal y denuncian que pese a eso siguieron subsidiándolo. La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión estaba controlada por los internos y que ni siquiera pudo entrar porque no se garantizaba su seguridad. El reporte de El Colegio de México asegura, además, que “algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces”. 

Integrado inicialmente por militares de élite que desertaron, el grupo de Los Zetas surgió como brazo armado del cartel del Golfo. En la primera década del siglo XXI cobró vida propia y creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas que disputó y logró el control de amplios territorios, sobretodo del norte y este del país. 

Al paso de los años las autoridades dieron diversos golpes a Los Zetas y detuvieron a varios de sus líderes y operadores. El grupo ha sido señalado como autor de algunas de las peores masacres en el país, incluido el asesinato de 72 migrantes en 2010 y el incendio de un casino en 2011 que dejó 52 muertos. 

Lo que pasaba en la cárcel de Piedras Negras no era algo aislado. En marzo de 2011, una supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la ayuda de policías municipales desaparecieran a un número aún indeterminado de familias. 

El reporte del Colegio de México asegura que ahí participaron presos de Piedras Negras. 

La Federación Internacional de Derechos Humanos, una organización civil, solicitó hace unos meses a la Corte Penal Internacional iniciar un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad en Coahuila. El tribunal no se ha pronunciado aún. 

La situación de violencia en Coahuila llegó en octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, las víctimas se quejaron de la falta de indagatorias transparentes y hablaron de ataques generalizados con complicidad de autoridades. Los gobiernos estatal y federal negaron tales acusaciones y el ejecutivo de Coahuila aseguró que la investigación, iniciada en 2014, sigue abierta. 

Durante la presentación del informe, Federico Garza, representante del gobierno coahuilense, insistió en que el caso sigue abierto y negó “tajantemente” que algo de lo ocurrido en el estado “sean crímenes de lesa humanidad”. 

Las víctimas reconocen que con el actual gobernador, Rubén Moreira, ha habido ciertos avances pero se quejan de la falta de información, de contradicciones y de omisiones en las investigaciones y critican que las autoridades hayan vinculado casos de desapariciones a los sucesos ocurridos en la cárcel sin tener evidencias suficientes para ello. Por eso, como dijo el martes Ariana García, de Familias Unidas, reclaman que la fiscalía federal asuma las indagatorias. 

En septiembre de 2012 se fugaron 129 presos de la cárcel de Piedras Negras. Las autoridades dijeron entonces que usaron un túnel. Según el expediente de la fiscalía y los testimonios de los juicios de Texas, salieron por la puerta principal; el jefe Zeta había sido trasladado a otro penal y necesitaba refuerzos. 

Después de la fuga llegó un nuevo director al penal. Apenas duró dos semanas. Un preso ofrece su explicación. “Lo mataron porque no se quiso poner al mando de los viejos”. 

“El Estado no cumplió con su obligación”, subrayó el martes Ruth Villanueva, de la CNDH quien urgió a actuar ante la constatación de distintos niveles de autogobierno de los presos en otras cárceles del país. “Que esto no vuelva a repetirse”.